Fuente: http://correomilitante.entodaspartes.net
Paul Walder
El anuncio del financiamiento del plan de reconstrucción que hizo el presidente Sebastián Piñera el 16 de abril no dejó indiferente a ningún observador interesado en el devenir político y económico. Aunque desde los primeros días el ministro de Hacienda había venido deslizando la posibilidad de un aumento de los impuestos a las empresas -propuesta que se hizo pública tras una reunión de Felipe Larraín y representantes de la elite empresarial-, las palabras de Piñera en Coronel no dejaron de sorprender a los observadores más o menos atentos de las políticas económicas de los últimos veinte años. No es que Piñera haya asentado las bases para una nueva política tributaria, sino ha empleado recursos similares a sus predecesores para financiar los gastos fiscales. Si nos atenemos a los cambios tributarios de estos últimos veinte años, veremos que la nueva carga que Piñera impone a la gran empresa está en línea con ejercicios muy similares realizados por la Concertación. Pero hay una diferencia: Piñera, al elevarlos desde 17 a 20 por ciento, pone una nueva cota histórica.
El primer gobierno de la Concertación subió el impuesto de primera categoría de una base mínima legada por la dictadura, 10 por ciento, a un 15 por ciento, tasa que rigió hasta 2001. A partir de entonces, durante el gobierno de Ricardo Lagos, una nueva reforma tributaria los llevó gradualmente desde el 15 al 17 por ciento actual.
El alza de tres puntos propuesta por Piñera, que le posibilitará recaudar el 38 por ciento -unos 3.231 millones de dólares- del plan de reconstrucción, ha generado una panoplia de reacciones. Su variedad depende del sector que las ha emitido. Han ido desde el rechazo abierto y total, que procede no necesariamente de los directores, altos ejecutivos y representantes gremiales de la gran empresa, sino de los centinelas del modelo neoliberal -como el Instituto Libertad y Desarrollo a través de su director, Luis Larraín, y de Hernán Büchi- y de políticos de la UDI, hasta el completo apoyo, como ha quedado demostrado tras las elogiosos comentarios -“coraje”, “audacia”- que han formulado parlamentarios de la Concertación, no obstante lamentar que el alza tenga fecha de caducidad el año 2012.
El alza a los impuestos de la gran empresa ha tenido una primera y gran secuela en el discurso fundamentalista neoliberal. Aun así, pese a las destempladas advertencias que Libertad y Desarrollo y la UDI han realizado a través de El Mercurio, sus malos augurios para la economía ya no asustan a nadie. No a la ciudadanía ni a los trabajadores, por cierto; tampoco a los empresarios.
Porque frente a la campaña del derrumbe de la inversión, como efecto directo de mayores impuestos, de menor crecimiento económico y desempleo, no hay mejor desmentido que el comportamiento de la economía durante los años siguientes a las alzas tributarias. Tras el alza de cinco puntos legislada durante el primer año del gobierno de Patricio Aylwin, la economía chilena inscribió uno de los períodos de mayor crecimiento económico de su historia reciente (con tasas superiores al siete por ciento), que también se tradujo en altos niveles de inversión extranjera y bajas tasas de desempleo. Más de diez años después, Ricardo Lagos, pese a haber subido los tributos a la gran empresa en medio de los efectos de la crisis asiática, obtuvo en varias ocasiones francos elogios de banqueros y empresarios. Durante su gobierno, aun cuando las empresas pagaron una mayor tasa impositiva, obtuvieron ganancias históricas.
Impuestos y neoliberalismoEl senador UDI Jovino Novoa ha demostrado durante este debate tributario ser uno de los más diligentes oficiantes del neoliberalismo. Tras la propuesta impositiva le ha hecho una particular sugerencia a Piñera: su gobierno debe mantener diferencias respecto a los precedentes. En otras palabras, Piñera estaría gobernando con políticas similares a las de la Concertación, declaraciones que el gurú neoliberal y ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, complementó al comparar con ironía las políticas de Piñera con el programa económico del ex diputado Marco Enríquez-Ominami.
Pero una política económica no sólo la definen los impuestos. Aylwin subió en cinco puntos la tasa del impuesto de Primera Categoría y Lagos otros dos puntos, desde 2001. Pero de forma paralela y pese a los impuestos, consolidaron un programa económico que múltiples analistas han calificado como abiertamente neoliberal. Puntos más o puntos menos, la fuerza del libre mercado impulsada por la dictadura se mantuvo intacta. Durante aquellos veinte años, aun cuando incorporaron alzas tributarias a la gran empresa, finalmente el gasto fiscal lo han terminado pagando tanto los ricos como los pobres, a través de las alzas del IVA, que subió durante aquellos años desde 16 a 19 por ciento. La propuesta de Sebastián Piñera de elevar otros tres puntos los tributos de Primera Categoría para la gran empresa, pese a las advertencias de mentes como la de Novoa y Büchi, difícilmente podrá alterar un modelo económico de libre mercado instalado por Pinochet y afianzado durante veinte años por la Concertación. Hay múltiples señales en otras áreas de la economía como para considerar los temores de la UDI y Libertad y Desarrollo como sobrerreacciones derivadas de concepciones ultra ortodoxas de la economía.
Algunos empresarios y custodios del libre mercado, que han aceptado el alza a regañadientes, han calificado la propuesta tributaria de Piñera como una “señal política”, expresión que se ha repetido y circulado a través de diferentes medios de comunicación: un debate al interior del gobierno -comentan- habría enfrentado a los sectores “políticos” con los “técnicos”. Una interpretación del alza tributaria que buscaría réditos políticos al matizar la fuerte impronta empresarial de su gobierno. Pero se trataría de un análisis sobre la retórica política más que sobre los verdaderos alcances de las decisiones políticas. Así lo evaluó Luis Larraín, director del Instituto Libertad y Desarrollo, que calificó la medida como “más política que técnica”. “Desde el punto de vista económico -dijo- es un error utilizar como fuente de financiamiento de la reconstrucción impuestos que afectan la capacidad productiva”.
Tras veinte años de políticas económicas neoliberales, las que han registrado alzas a los impuestos, es posible observar que esta separación entre “políticos” y “técnicos” es una discusión poco clara y falsamente intrincada. Porque ha quedado más que demostrado que aquellos “técnicos” que han elaborado y administrado las doctrinas del más puro libre mercado lo que han hecho es aplicar una evidente política económica. La gran política de la transición se ha aplicado sobre una base neoliberal de la economía. En el modelo chileno no hay nada más político que su economía.
El histórico consenso
“El fin de la transición”, escribió en estas mismas páginas el sociólogo Marcos Roitman. Un fin que es la consolidación de toda la institucionalidad heredada de la dictadura, Constitución, sistema binominal y, por cierto, institucionalidad económica neoliberal. Un modelo cristalizado, profundizado, enraizado de forma tal que permite las pequeñas alteraciones actuales. Nada le pasará al sólido modelo neoliberal chileno, nada le sucederá a su cada vez más poderoso sector privado, con un alza temporal de tres puntos en los impuestos que pagan, porque “los ejes maestros de la política económica seguirán vigentes. Más aún cuando sus ideólogos y los padres de la Constitución se hallan en el poder y sus detractores de los años 80 se han transformado en sus máximos defensores”.
Y agregaba: “No existen diferencias insalvables entre la derecha natural y los partidos que integran la Concertación. Sobre todo cuando se trata de las políticas sanitarias, educativas, de género, cultural o étnica. Ni siquiera en un aspecto tan relevante como la política de derechos humanos hay grandes diferencias entre unos y otros, más allá de los discursos”.
La privatización de Edelnor junto al alza en los impuestos propuesta por el actual gobierno no caen en un cauce muy diferente a las políticas que observamos durante los veinte años precedentes. El fin de la transición es la consolidación de la institucionalidad democrática iniciada en 1990, la que resiste y ha resistido diversas mudanzas y crisis. El terremoto y la reconstrucción se inscribe como una circunstancia especial dentro de un marco bien consolidado.
Para Roitman, “la elección de Sebastián Piñera cierra un ciclo político, aquel que se inició con el referéndum del No, continuó con los cuatro gobiernos de la Concertación para culminar con el triunfo, veinte años más tarde, de la derecha natural. Por esta causa, los partidos de la Concertación si bien se mostraron compungidos por su derrota, inmediatamente cambiaron el semblante para recordarnos que Chile es un país de orden, con estabilidad y desde 2010 con alternancia en el poder”.
La gran simulaciónTras el anuncio presidencial, múltiples evaluaciones e interpretaciones han circulado respecto a la condición real del alza tributaria. Pocas horas después del discurso de Piñera, el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, hizo una invitación que parece adquirir materialidad: “Proponemos -dijo- que esta alza de impuestos a las compañías, que es transitoria, se convierta en un crédito fiscal. Que las empresas faciliten recursos al Estado, pero que después se devuelvan”. Un deseo para la gran empresa que para algunos analistas ya es una realidad.
Este es el mecanismo tributario orientado a la gran minería, por el que el gobierno espera, mediante una alteración al royalty, obtener 700 millones de dólares. Según explicó el ministro de Minería, Laurence Golborne, el gobierno propondrá a las mineras afectas a un contrato de invariabilidad tributaria firmado en 2005, por el que pagan entre un 3 y un 9,5 por ciento de una relación entre el precio del cobre y sus ganancias, aumentar voluntariamente la tasa por un par de años a un 8 por ciento. Las empresas que se acojan a esta propuesta obtendrían beneficios tributarios futuros, por lo que a fin de cuentas terminarían, en el largo plazo, pagando menos impuestos.
Las dudas generadas por este mecanismo se han trasladado al impuesto de Primera Categoría. Según el economista Héctor Vega “en virtud de un pago provisional mensual (PPM) durante el año tributario respectivo, dicho impuesto ingresa por algunos meses a las arcas fiscales y luego se descuenta en el momento que los socios de la empresa o accionistas pagan el Impuesto Global Complementario, o impuesto a las personas con la tasa marginal del 40% (desde 0 a 40%). En síntesis, desde el año 1974 las empresas no pagan impuesto, quienes pagan son las personas. ¡En consecuencia si no se aumenta el Impuesto Global Complementario, no hay incremento de impuestos!”.
En esta misma línea el economista Julián Alcayaga ha argumentado sobre el alza del 17 al 20 por ciento. Se trata, dice, de un impuesto “que es a la vez un crédito del impuesto personal del o los empresarios dueños de la empresa, y en los hechos no se produce un aumento de la recaudación tributaria, porque lo que el Fisco recibe de las empresas, lo tiene que devolver a los dueños de las empresas. Esto significa que una empresa que tiene utilidades por $ 1.000, paga actualmente $ 170 de Impuesto de Primera Categoría (17%), y con la reforma de Piñera ese impuesto aumenta a $ 200 (20%); pero al mismo tiempo, para el o los dueños de esta empresa, al hacer las declaraciones personales de impuestos (Global Complementario o Adicional), su devolución de impuesto también aumenta de $ 170 a $ 200, por lo cual la recaudación tributaria del Fisco no aumenta en nada”. Y agrega: “En el largo plazo, obligatoria y matemáticamente, el impuesto de Primera Categoría es anulado por el impuesto personal de los dueños de esas empresas. En Chile sólo las personas pagan impuestos, las empresas sólo pagan un impuesto virtual. Somos el único país en el mundo donde se devuelve la totalidad del impuesto que pagan las empresas”.
Pese a la contundencia de estos análisis, ellos no han logrado instalarse en la discusión tributaria. De ser efectivos, estaríamos presenciando un gran circo de retórica política sobre la base de un modelo económico consensuado por la derecha y la Concertación, el que permanece inalterado.
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